Salud en silenciosa crisis

Susana Jiménez Schuster

Algunos piensan que si no se abordan los problemas, estos tienden a desaparecer. En nuestro país parece que caímos en esta ilusión, porque llevamos algún tiempo en relativo silencio respecto de la crisis de salud, pero el peligro es inminente.

A fines del año pasado, tras numerosos reclamos por las alzas de los precios de los planes de salud asociados a la tabla de factores, la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió que las Isapres debían unificar sus criterios de cobro y aplicar la tabla de factores de 2019 de manera retroactiva y prospectiva, y además dejar de realizar cobros por este concepto a los menores de dos años. Ello, según estimó la Superintendencia de Salud, podría costar al sistema Isapre en torno a US$ 1.400 millones en su componente retroactivo, y generar una disminución del ingreso mensual de 8% en promedio, de manera permanente, lo que constituiría su virtual quiebra.

“Las autoridades no parecen dimensionar el efecto que tendría un colapso del sistema de aseguramiento y prestaciones privadas para el sistema público de salud. La responsabilidad radica en el Ejecutivo que, si no actúa, deberá enfrentar la catástrofe”.

El Gobierno dilató la búsqueda de una solución, hasta que finalmente presentó una ley corta en el límite del plazo que la Corte había entregado para implementar el fallo. Según se señaló transversalmente, de aprobarse, podía implicar no sólo el fin del sistema Isapre, sino que el colapso en todo nuestro sistema de salud. Las deficiencias de lo propuesto llevaron a la Comisión de Salud del Senado a formar un Comité de Expertos que buscara mecanismos para hacer compatible la aplicación del fallo con la continuidad del sistema de salud privado, y cuyos resultados estarían ad portas de conocerse.

Parte de la demora se debe a que, en agosto de este año, la misma Sala se pronunció sobre otro de los tres componentes del precio final de los planes de Isapres, en este caso, la prima GES. Pese a la condición de gravedad en que ya estaba el sistema, resolvió anular la última alza, lo que implicaría una reducción mensual adicional de los ingresos que equivaldría a los resultados anuales de la industria en tiempos normales.

Todo esto tiene al sistema privado en condición crítica. Varias Isapres podrían iniciar su liquidación y quiebra producto de estos fallos, lo que no sólo tendría efectos en sus casi tres millones de beneficiarios, sino que también en los prestadores privados, y con ello en los más de siete millones de beneficiarios de Fonasa que se atienden en dichas instituciones gracias a la modalidad de libre elección.

Especial mención merece que la Corte Suprema esté incursionando en la definición de políticas públicas de una manera muy peligrosa, porque abre la puerta a un camino en que el sistema democrático como lo conocemos, con separación de poderes y competencias determinadas, se desintegra. Pero no sólo el Poder Judicial ha puesto en jaque la existencia de los prestadores privados. El no pago a tiempo por parte de Fonasa por servicios que las clínicas entregaron de manera oportuna implica un estrangulamiento financiero que puede terminar con los prestadores privados, incluso antes de implementado el fallo judicial que afecta a las Isapres.

Las autoridades no parecen dimensionar el efecto que tendría un colapso del sistema de aseguramiento y prestaciones privadas para el sistema público, ya superado en capacidad y recursos, como lo demuestran las interminables listas de espera. Urge una solución realista antes de que el sistema privado pase de “paciente crítico” a “terminal”. La responsabilidad radica en el Ejecutivo que, si no actúa, deberá enfrentar la catástrofe.